diumenge, 13 de novembre del 2011

Elecciones 2011: propuestas educativas de IU

Las propuestas educativas de Izquierda Unida (IU) para las elecciones del próximo día 20 de noviembre son las siguientes:
. Por una educación pública, laica, democrática y de calidad.
Una educación pública de calidad debe ser una prioridad política porque contribuye a la cohesión social y a la formación de personas más iguales, más libres y más críticas. IU reitera su compromiso en defensa de una educación pública y laica de calidad y defendemos que la educación pública es una inversión, no un gasto.
.- La educación pública como eje vertebrador del sistema educativo.
- Promulgación de una Ley de medidas para la extensión y mejora de la educación pública, que sirva para recuperar su prestigio y potenciar su papel como eje vertebrador del sistema educativo. Dicha Ley debería garantizar a su vez las actuaciones que se detallan a continuación:
- Una red planificada y suficiente de centros de titularidad y gestión pública, que atienda la demanda educativa en sus diferentes etapas y modalidades y cuente con recursos y servicios necesarios.
- Establecer la dotación mínima de recursos para la creación y apertura de centros escolares. Esta norma será la base para la licitación de obras de construcción, ampliación o reforma de centros escolares en todo el Estado.
- El suelo público sólo para los centros públicos. Impedir cesiones de suelo municipal destinadas a centros privados concertados.
- Ampliación de la red de escuelas infantiles de titularidad y gestión pública hasta cubrir toda la demanda de escolarización de 0 a 6 años, especialmente en el
ciclo de 0 a 3 años.
- Modificación de la normativa vigente sobre Educación Infantil para establecer unos requisitos y un currículo básico que garanticen la unidad y el carácter educativo de toda la etapa.
- Generalización de la formación hasta los 18 años, ampliando la oferta de FP y abriendo nuevas modalidades formativas que combinen estudio y prácticas laborales retribuidas.
- Reducción de la ratio a 20 estudiantes por aula como máximo en las enseñanzas obligatorias, tendiendo progresivamente a los 15.
- Gratuidad de libros y materiales didácticos de aula para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas básicas, mediante bibliotecas, centros de recursos reutilización y préstamo.
- Creación de una Empresa Editorial Pública que garantice la gratuidad total de libros de texto.
- Sistema integral de becas y ayudas al estudio y gratuidad de los comedores escolares, y del transporte escolar en zonas rurales.
- Revisión de los Marcos Curriculares incluyendo la perspectiva de género: reconocer la importancia de los trabajos realizados tradicionalmente por las mujeres.
- Integración en el sistema general de las “enseñanzas de régimen especial”. Todos esos estudios (Música, Danza, Arte Dramático y Artes Plásticas) tendrán un
tratamiento equivalente, de modo el alumnado que opte por cualquiera de ellos no tenga que simultanear las enseñanzas de régimen general y las “especiales”.
- Ampliación de la red de centros de Educación de Personas Adultas (E.P.A.), en colaboración con las CCAA, hasta cubrir la totalidad de la demanda, en régimen de enseñanza presencial, complementada con la modalidad a distancia.
- Escuelas Oficiales de Idiomas: Se garantizará en todo el territorio nacional una oferta pública de calidad de enseñanza de idiomas a adultos. Estas enseñanzas se ofertarán en la red de EEOOII y abarcarán los seis niveles definidos por el Marco Común Europeo para la enseñanza de las lenguas. Los estudios tendrán carácter reglado y darán acceso a certificaciones. Se prestará especial atención a las lenguas cooficiales.
- Establecer y generalizar un modelo educativo para el aprendizaje de lenguas extranjeras.
- Oferta planificada y ampliada de FP, teniendo en cuenta su rentabilidad social y no sólo el interés inmediato de las empresas, respetando el derecho de las personas a la formación a lo largo de la vida y a su desarrollo vocacional.
- Creación de una red pública suficiente de centros integrados de FP en coordinación con las CCAA, donde se imparta tanto Formación profesional reglada como Formación para el empleo, con posibilidad de programas en régimen nocturno y semipresencial. Se evitará subvencionar la Formación para el empleo en centros privados.
- Control público de otras actividades formativas de FP, con competencia exclusiva de las administraciones públicas sobre títulos, convalidaciones, certificados profesionales y reconocimientos de aprendizajes no formales.
- Diseño y puesta en práctica de una formación y orientación laboral que impulse en la FP una cultura sindical solidaria y participativa.
- Articular la oferta de FP con los programas de Educación de las Personas Adultas.
.- Una educación de calidad con equidad para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado.
- Impulsar cambios curriculares, metodológicos y organizativos que permitan dar respuesta a la diversidad del alumnado, especialmente a quienes tienen más dificultades, y que beneficien al alumnado en su conjunto contribuyendo a hacer efectivo el derecho de todos y todas a aprender con éxito.
- Impulsar, en cada CCAA, planes integrales de medidas para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria, que concreten actuaciones de apoyo a quienes presentan dificultades de aprendizaje.
- Programas cofinanciados de compensación educativa dirigidos a colectivos, centros o zonas que presenten mayores índices de fracaso o abandono escolar.
- Promover un plan-marco para la convivencia escolar, contando con el Consejo Escolar del Estado y con los Consejos Escolares Autonómicos, así como con instituciones relevantes de otros ámbitos de la Administración pública, orientados a una intervención multiprofesional e integral.
- Programas-marco de apertura de los centros educativos a su entorno fuera del horario lectivo, en colaboración con las AMPAs, corresponsabilizando a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de las actividades extraescolares y complementarias, para asegurar en todos los centros públicos un amplio abanico
de actividades de calidad y gratuitas.
- Fomentar desarrollos curriculares desde enfoques interculturales e inclusivos recuperando los contenidos transversales de todas las materias a lo largo de la escolaridad obligatoria.
- Incorporar nuevos perfiles profesionales en la escuela: de educación social y de trabajo social, de mediación intercultural, etc.
- Extender los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo, fuera del horario lectivo, a todos los centros públicos, para apoyar al alumnado que lo necesite.
- Potenciar la atención tutorial otorgando carácter lectivo a la dedicación horaria correspondiente (dos horas semanales y otra de atención a las familias).
- Dotar de servicios de orientación a todos los centros públicos de Primaria y Secundaria que apoyen al profesorado para una mejor atención a la diversidad del alumnado, y que desarrollen programas de orientación específicos para familias de alumnado con altas capacidades.
- Potenciar los idiomas del alumnado de familias migrantes y de minorías en los centros escolares.
- Potenciar la educación en igualdad mediante programas de igualdad, que supervisados por el servicio de inspección educativa, oriente en este sentido los materiales curriculares, la organización de los centros y las prácticas del profesorado.
- Inclusión de una materia específica sobre igualdad entre hombres y mujeres, como medida de prevención de la violencia de género, en los planes de estudio de formación inicial y permanente del profesorado y de otros profesionales relacionados con la educación (trabajo social, educación social, mediación intercultural, etc.).
- Velar por que todos los centros educativos respeten la diversidad afectivo-sexual, promoviendo una educación sexual que supere los contenidos heterosexistas
actuales y ofreciendo a todos los profesionales y a las AMPAS programas de prevención de la LGTBfobia.
- Cambiar la normativa sobre la repetición de curso relegándola a situaciones excepcionales de carácter madurativo, dada su demostrada ineficacia en la mayor
parte de los casos, y potenciando los refuerzos educativos, la atención personalizada u otras medidas que favorezcan el progreso en el aprendizaje.
- Normativa básica sobre admisión de alumnado que contemple la creación de comisiones de escolarización centralizadas (por municipios o distritos escolares), una adecuada y equitativa escolarización, la reserva de plaza durante todo el curso para alumnado con necesidades de compensación educativa, la prohibición del incremento de las ratios máximas, así como el seguimiento y control de la escolarización en todos los centros financiados con fondos públicos.
.- Hacia una red única de centros educativos de titularidad y gestión pública.
- Modificar la normativa necesaria con el objetivo de llegar a suprimir los conciertos educativos, estableciendo la moratoria para nuevos conciertos y abriendo vías para avanzar hacia una red única de centros públicos.
- Reducción progresiva de los conciertos educativos, hasta su completa desaparición, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros concertados en una red única de centros públicos, incorporando de forma inmediata a los colegios privados que ocupan suelo público
- Establecer el carácter subsidiario y temporal de los conciertos existentes, suprimiendo el concierto donde hay plazas públicas suficientes.
- Eliminación de la posibilidad de concertar tramos no obligatorios.
- Supresión del concierto a centros que no cumplan la normativa o incurran en prácticas de selección o discriminación del alumnado por razones socioeconómicas, de sexo, ideología, creencias o procedencia cultural.
- Condiciones equivalentes a las de los centros públicos en escolarización, gestión democrática y condiciones laborales del profesorado y otros profesionales de la educación, incluidos su acceso y movilidad.
.- La educación en las escuelas, la religión en las iglesias.
- Derogación de los acuerdos con el Vaticano y con otras confesiones religiosas para que cualquier religión quede fuera del currículo escolar.
- Que de forma inmediata la enseñanza de la religión salga del horario lectivo.
- Que desaparezcan los actos y la simbología religiosa de los centros escolares y de los espacios públicos educativos.
- Evitar las subvenciones a centros educativos con ideario propio, sean de carácter religioso o de otra índole, con el fin de salvaguardar la libertad de conciencia del alumnado y personal docente.
- Eliminación de todo procedimiento administrativo que obligue a manifestar las creencias o no creencias, en cumplimiento del artículo 16 de la Constitución.
.- Una educación 3.0.
- Implantación de software libre de código abierto en el sistema educativo y organizar desde la Administración Educativa una red de recursos digitales, públicos, gratuitos y compartidos (wikieduca) que sustituya progresivamente los libros de texto por material digital elaborado por la comunidad educativa.
- Potenciar la democratización del conocimiento elaborando, recopilando y difundiendo de forma gratuita en la red materiales curriculares y de apoyo al profesorado en software libre.
- Red social educativa pública, donde docentes y alumnado pongan en común conocimientos y experiencias, colaboren en proyectos de aprendizaje y desarrollo de contenidos.
- Introducir metodologías de atención personalizada a grupos más pequeños y de trabajo cooperativo para que el alumnado pase de consumir información producida por otros, a ser creadores, escritores, autores que construyen de forma activa el conocimiento y comparten los contenidos y materiales digitales que han creado tanto el profesorado como el alumnado.
- Dotar de recursos tecnológicos a los centros y no al alumnado de forma privada, que los podrá usar individual o colectivamente mientras dura su escolarización.
.- Mejorar, dignificar y reconocer la labor del profesorado y otros profesionales de la educación.
- Cuerpo único de profesorado, a partir de una formación inicial con rango de postgrado, que contemple las distintas vertientes de la función docente, especialmente la pedagógica, y que combine simultáneamente práctica remunerada, tutorizada por profesorado cualificado en los centros educativos, con la formación universitaria recibida, a lo largo de todo el periodo de formación inicial y no sólo en el último curso de la misma.
- Estatuto de la función docente, acordado con los sindicatos, que regule el acceso, las condiciones de trabajo, la carrera profesional y el sistema de jubilación de los profesionales de la educación pública, que contemplará la jubilación voluntaria sin penalización a partir de los 60 años.
- Establecer un sistema de desarrollo profesional en el propio puesto de trabajo, que valore fundamentalmente el trabajo en el aula y en el centro.
- Aumento de las plantillas de personal docente y no docente para una efectiva atención a la diversidad a lo largo de toda la escolaridad.
- Distribución horaria que recoja como dedicación lectiva nuevas tareas y funciones que demanda el sistema educativo, contemplando desde el reconocimiento de las tutorías a las funciones de coordinación en los centros. No se sobrepasarán las 15 horas de docencia semanales.
- Reducir la docencia directa a mayores de 55 años, sin merma salarial, y abrir vías para que a petición propia, puedan realizar tareas no docentes del ámbito educativo.
- Acceso a la estabilidad laboral para el profesorado interino mediante la dotación de plazas suficientes para cubrir todas las necesidades del sistema educativo.
- Oferta amplia de formación permanente de calidad y gratuita a todo el personal docente que se realizará en los centros educativos, dentro de la jornada escolar, a partir de proyectos de mejora propuestos por los propios claustros, o por las administraciones educativas.
- Reactivación de los centros de formación del profesorado, que se han venido suprimiendo progresivamente en ciertas Comunidades Autónomas.
- Favorecer la investigación-acción de los docentes para la mejora de su desempeño profesional, en colaboración con el ámbito universitario y su posterior apoyo en la difusión.
- Reconocer la labor educativa del personal de servicios educativos y complementarios.
- Incorporar en los centros concertados el pago delegado del personal de administración y servicios y del personal complementario de educación especial y educación infantil, además de garantizar los principios de mérito, capacidad y publicidad en las contrataciones.
.- Incrementar la autonomía, descentralización y participación democrática en los centros y en los distritos educativos.
- Creación de distritos escolares con competencias en escolarización y planificación de la oferta educativa con comisiones de escolarización por distrito escolar, para evitar la selección del alumnado por los centros.
- Elección democrática de Directores y equipos directivos mediante nueva normativa que regule un proceso de auténtica participación democrática de la comunidad educativa.
- Potenciar un modelo de dirección no basada miméticamente en sistemas de gestión empresarial sino una dirección representativa y colegiada de profesionales de la educación, que sean efectivos representantes de la comunidad educativa, con formación en habilidades de comunicación y motivación de equipos docentes y no meros “expertos” en gestión de recursos.
- Ampliación de las competencias de los Consejos escolares, volviendo a ser el órgano de gobierno de los centros y con representación equitativa y proporcional de todos los sectores de la comunidad educativa en ellos.
- Adoptar medidas para que las mujeres accedan a puestos de dirección en los centros educativos.
- Autonomía efectiva de los centros en la organización y planificación de sus enseñanzas para responder mejor a las necesidades de su alumnado, y no para imponer normas de funcionamiento o planes de estudios selectivos que puedan resultar excluyentes o sexistas.
- Impulsar la participación de la comunidad escolar en planificación educativa, potenciando el asociacionismo y el papel de los Consejos Escolares de centro, municipales, de distrito, de las Comunidades y del Estado.
- Promover la implicación del alumnado, familias y AMPAS en la elaboración de las normas de convivencia y en la resolución de conflictos, así como en diversas actividades de los centros educativos, apoyando y financiando la creación de escuelas de familias en los centros educativos.
- Reconocer, a efectos laborales, como deber público la asistencia de padres y madres o tutores a reuniones de los Consejos escolares, comisiones de escolarización u otros órganos análogos, así como a las actividades programadas por los centros, especialmente a las reuniones con tutores.
- Redefinir la composición y funciones del Consejo Escolar del Estado, dotándolo de capacidad para promover y dirigir análisis y estudios sobre el sistema educativo.
- Real Decreto de Participación que reconozca los derechos del movimiento asociativo de las AMPAS.
- Corresponsabilidad de la comunidad educativa en la gestión económica, mediante unos presupuestos participativos, definiendo prioridades y trabajando por su logro, planteando proyectos y ejerciendo el derecho a decidir la distribución de los recursos públicos.
.- Evaluación como estrategia de mejora.
- Promover la autoevaluación de los centros como estrategia de mejora de toda la comunidad educativa.
- Plan de evaluación externa de los centros diseñado por los organismos de evaluación de las Administraciones educativas y, en todo caso, por los Servicios de Inspección Educativa.
- Pruebas de diagnóstico a muestras significativas de alumnos, llevadas a cabo a través de las Administraciones educativas, en colaboración con el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, con el objeto de comprobar el grado de adquisición por el alumnado de las competencias básicas a lo largo de la enseñanza obligatoria.
- Planes de asesoramiento y apoyo de los Servicios de Inspección Educativa a los centros docentes, al profesorado, y al alumnado y sus familias, tanto en su tarea diaria como en los procesos de autoevaluación.
.- Un compromiso de financiación suficiente de todo el sistema educativo.
- Ley de Financiación del sistema educativo para garantizar las inversiones y los recursos necesarios al conjunto del servicio público educativo.
- En cualquier caso, que se cumpla con carácter inmediato el mandato de la LOE para igualar el gasto público educativo a la media europea y que se aumente progresivamente hasta alcanzar un 7% del PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior.
. Por una universidad pública de calidad al servicio de la sociedad.
- Paralizar la “Estrategia Universidad 2015” y abrir un debate social con toda la comunidad universitaria sobre la Universidad que realmente se necesita. Revisión del sistema de titulaciones del proceso de Bolonia evitando en todo caso su supeditación a las empresas privadas.
- Establecer mecanismos para que la transferencia de conocimiento tecnológico sea de dominio público, de pública disponibilidad, no un negocio privado.
- Aumento sustancial de la financiación de la investigación destinada a las Universidades públicas.
- Universidad por la paz: Eliminación de las titulaciones de “Ingeniería en Sistemas de Defensa” de las Universidades, así como cátedras y máster relacionados con fines militares. Se eliminará como I+D los recursos dedicados a fabricación de armamento.
- Establecer como objetivo la gratuidad de los estudios universitarios, priorizándola en los de Grado. Se garantizará, con carácter inmediato, que las tasas universitarias no sean superiores a las de las anteriores licenciaturas.
- Estatuto del Personal Docente e Investigador negociado con los sindicatos, estableciendo el cuerpo único docente, y donde se consolide la erradicación de la precariedad y la progresiva homologación de las retribuciones del profesorado y del personal de administración y servicios universitarios a la adaptación al EEES.
- Representación auténticamente democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno, reequilibrando su representación e incrementando en particular el peso del estudiantado, y propiciando una gestión de esta institución que responda a objetivos formativos y no mercantilistas. Un nuevo estatuto del estudiante más democrático
- Planificación de la oferta de plazas universitarias acorde con las necesidades sociales y supresión de pruebas de acceso generalizadas de carácter selectivo (“selectividad”).
- Financiación pública suficiente para generalizar las becas-salario, vinculadas al cumplimiento de las obligaciones requeridas para los estudios cursados y desde la concepción de que el estudio es una actividad socialmente útil que debe ser retribuida y cotizar a la Seguridad Social. Y para proporcionar ayudas al estudio, tanto en los Grados como en los Máster.
- Las universidades privadas no se financiarán con fondos públicos y se velará por el cumplimiento estricto de los requisitos exigidos legalmente para la implantación de estudios y para el desarrollo de la enseñanza y la investigación.
- Organizar horarios flexibles para trabajadores y trabajadoras que deseen cursar estudios universitarios presenciales para ampliar su formación y no puedan hacerlo “a tiempo completo”.
- Impulsar una metodología docente participativa, en pequeños grupos y seminarios, basada en la participación activa de las y los estudiantes, autorizada realmente a través de una formación adecuada del profesorado universitario, de la dotación necesaria de profesorado, la adecuación de instalaciones, etc.
- Para ello, es imprescindible la reducción de la ratio alumnado-profesorado, tanto en las clases teóricas como en el resto de actividades presenciales (seminarios, tutorías, prácticas, etc.), sin superar en ningún caso un máximo de 50.
- Establecer Campus Interuniversitarios integradores que engloben a todo el sistema universitario público garantizando su calidad y sustituyendo el carácter competitivo de los llamados “Campus de Excelencia” por un modelo cooperativo. La relación entre las distintas Universidades debe basarse en la cooperación, no en una competitividad elitista y mercantilista.
- Apoyo decidido a la UNED para que siga desarrollando su importante e insustituible papel social, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales. Ello exige incrementar su financiación garantizando a la UNED recursos necesarios para ofrecer un servicio de calidad crecientemente
demandado por la población adulta.
- Articular la formación profesional y la universitaria: fomentar la ocupación de plazas tanto en Formación Profesional media y superior como en la Universidad, facilitando la transición entre ellas e impulsando su convergencia, de modo que la Formación Profesional incluya el estudio crítico de las teorías científicas subyacentes a la práctica profesional y los estudios universitarios incluyan prácticas profesionales retribuidas y controladas por la Universidad, fomentando el aprendizaje durante toda la vida.
- Para todo ello se requiere incrementar la financiación de las universidades públicas hasta alcanzar el 2% del PIB, traducido en un gasto por alumno / año equivalente a la media universitaria europea. Y que no se supedite a la obtención previa de financiación externa de carácter privado.